#ElManifiestoNoticias | Francisco Rivas, director de Observatorio Ciudadano, afirmó que todas las actividades económicas a nivel nacional están sometidas a la extorsión, problemática que va mucho más allá del aumento de precios al consumidor, “es un tema de gobernanza, Estado de derecho, competitividad y seguridad”
Los sectores productivos en México están atenazados por la delincuencia a través de extorsiones y robos. El impacto inmediato es el alza de precios en productos que paga el consumidor final, a manera de “impuesto”. No es el único efecto negativo. Según Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, la expansión de este problema está alterando los mecanismos y controles de los mercados.
En entrevista, Rivas se refirió a que hay casos en que los delincuentes actúan para favorecer alguna marca de determinado producto ya establecido en el mercado que no les pertenece a los grupos delictivos. También hay casos con sello delincuencial:
Por ejemplo, el de los cigarros. Sí tenemos marcas que pertenecen a los mismos grupos delictivos, que es una marca económica, es decir, de baja gama, que pertenecen al Cártel Jalisco Nueva Generación o al cártel de Sinaloa y que, al llegar a las tiendas, les impiden a los comerciantes vender las que son marcas ya reconocidas.
Obligan a los comerciantes a ofrecer este tipo de productos, y por lo tanto no solamente es un impuesto en términos del precio al consumidor final de lo que cuesta la extorsión, sino en realidad va aún más allá e impide un justo ejercicio comercial en nuestro país”, dijo el director del Observatorio Nacional Ciudadano.
Francisco Rivas aseguró que los números oficiales en materia de extorsiones “no sirven suficientemente para darse una idea” de la profundidad que tiene esta problemática en México.
Comentó, como ejemplo en razón a la coyuntura de los limoneros de Apatzingán y Buenavista de la semana pasada. “Michoacán tiene muy bajos números de denuncias de extorsión, eso debido a que la extorsión genera pocos incentivos para la denuncia. Los números no corresponde a su problemática”, dijo.
Rivas señaló que hay entidades, como Nayarit, que ni siquiera tiene el tipo penal de extorsión “por lo tanto no reporta este delito; podrían reportarlo porque la norma técnica Inegi dice que ciertas conductas corresponden a una extorsión, aun cuando el Código Penal no lo tenga previsto, pero el hecho es que no lo reportan. Los números no sirven para entender esta problemática; lo que sirve es la cercanía con las víctimas”.
De acuerdo con la información recabada en el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, dijo Rivas, “no hay una sola categoría en donde no podamos encontrar la extorsión: si hablamos de transportistas, de productores, agricultores de cualquier tipo de productos, de ganaderos, de rastros, de negocios, restaurantes, antros, peluquerías, barberías, hoy en México no hay una sola categoría exenta de extorsión”.
En la presentación de su informe La Extorsión Bajo el Caleidoscopio muchas modalidades y pocas políticas públicas, Rivas escribió que, de igual forma, el sector empresarial del país -desde el ambulante hasta la empresa transnacional- sufre cada vez más la imposición de proveedores; la prohibición de producir, vender o transportar cierto producto -generando monopolios fácticos- o siendo obligada a pagar “derecho de piso”.
Sobre el mapa de dónde se producen este tipo de actividades delincuenciales, Rivas fue categórico: “En todo el país”.
También afirmó que las actividades de extorsión y robo a los mecanismos de los sectores productivos de México no solamente lo hacen los grandes cárteles como el de Sinaloa o Jalisco.
Hay desde pequeñas bandas que usurpan en muchos casos el nombre de los cárteles grandes, que se presenta, como Jalisco, como Sinaloa, como la Unión Tepito y no necesariamente lo son, y hay otros que, sí pertenecen, de alguna manera están conectados a esos grupos delictivos”.
Al explicar que no solamente es un “impuesto” que paga el consumidor final y que el apoderamiento de la delincuencia de los sectores productivos modifica los mercados, Francisco Rivas expuso que conforme los delincuentes van favoreciendo a un producto se van creando “monopolios”.
Que, además, dijo, “genera enormes recursos, y como suele suceder en estas situaciones son vasos comunicantes en donde un determinado grupo delictivo que empezó con la trata de personas, luego se dedicó al narcomenudeo, y pasó después a la extorsión y al secuestro, al robo a trasporte de carga y ese grupo va migrando de actividad delincuencial y al final todo entra en una especie de bolsa y los delincuentes acumulan cada vez más recursos y poder derivado de todos los beneficios económicos que obtienen al dedicarse a la delincuencia. Una especie de corporativo delincuencial”.
Rivas dijo que contrariamente a la expectativa de las promesas de campaña no es que la gente dejó de delinquir y entonces cambió las armas por tractores, como decía el Presidente, eso nunca pasó.
Lo que sí pasa es que dejan la trata de personas por la extorsión, que es más conveniente en determinado momento”.
A pregunta sobre si hay mecanismos para darle la vuelta a esta problemática que se arrastra desde hace unos tres lustros en México, Rivas dijo:
Claro que hay mecanismos, el tema es que quieran implementarlos, el problema es que hoy muchas autoridades no quieren investigar a menos que haya denuncia por parte de los ciudadanos, no han adaptado los códigos penales. Nosotros nos acercamos a la legislatura pasada para proponer una ley general para combatir la extorsión y no les interesó, les interesa más destruir al Poder Judicial, adueñarse de los órganos autónomos, que en realidad atender un fenómeno tan grave como la extorsión”.
Sobre la posibilidad de que este fenómeno delincuencia se pueda revertir en México, Francisco Rivas expuso que a nivel internacional hay ejemplos de que sí es posible, como en Italia, Grecia o Sudáfrica, “la extorsión se combatió en esos lugares con excelentes resultados”.
Sin embargo, aseguró que el problema por el que atraviesa México no es únicamente económico: “Es un tema de gobernanza, de estado de Derecho, de competitividad, de seguridad para los ciudadanos ante el crecimiento de otros delitos.
En su opinión, la manera de revertir la problemática en México, como se hizo en Italia, Grecia o Sudáfrica, está en las políticas públicas.
Que una autoridad tenga ganas de investigar el delito, eso resuelve más del 50% (la gente sabe que hay extorsión, yo sé que hay extorsión, si uno se acerca a un restaurantero cuenta lo que vive aquí en la Ciudad de México y si lo sabemos ¿por qué no se investiga?); lo segundo implica mecanismos de denuncia ciudadana que ayuden a soportar las investigaciones, pero que verdaderamente protejan a los ciudadanos (porque sucede que voy y denuncio una extorsión; tres segundos después ya me quemaron la siembra de limones o me mataron a mi hijo o secuestraron a mi esposa, ¿por qué iría y a denunciar?); tercero, investigar bajo la idea y claridad que finalmente cuando este tipo de fenómenos ocurren, se dan en un contexto de multiplicidad de delitos.
Calculan en 200 mil mdp el cobro de piso
El economista Mario Di Costanzo señaló que, de acuerdo con un estudio de la UNAM, entre un 10 y 15% del incremento en los precios de los productos, de los alimentos básicos, obedece al derecho de piso.
Ejemplificó que en 2018 el limón costaba 12 pesos y al día de hoy cuesta 40 pesos, un alza de más del 200 por ciento.
Afirmó que las ganancias del crimen organizado por cobro de piso ascienden a 200 mil millones de pesos anuales.
-De la Redacción
LA GENTE SE JUEGA LA VIDA AL DENUNCIAR: ANAYA
Las extorsiones al sector productivo primario en México provocan incrementos de entre 10 y 20% en el precio final de distintos productos, afirmó Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.
Anaya, especialista en operación, logística, almacenamiento, transporte y comercialización de productos agroalimentarios, afirmó que las extorsiones como la que enfrentaron los limoneros de Michoacán la semana pasada no es nueva, pero se ha agudizado en los últimos años.
Tampoco, afirmó Anaya, Michoacán es el único estado que vive azolado por el crimen organizado.
“Hace unos meses fue el aguacate, con el tema de los oficiales; en 2022 el tema del aguacate se dio con las berris –arándano azul, arándano rojo, fresa, frambuesa, grosella, zarzamora–, el mango en regiones de Michoacán, como en una zona de Jalisco, Colima, en Chiapas el tema de tiendas de los productos que están sometidos, el ganado que se mueve tiene que pagar el derecho de paso; está el caso de Tamaulipas que llevamos más de 15 años donde este tipo de situaciones que se presentan en el norte con el maíz y con el sorgo.
La gente –sigue el director de GCMA– tiene miedo de denunciar, porque enfrenta riesgos con su vida y algunas personas han dejado de sembrar porque no quieren seguir pagando a la delincuencia.
Anaya, en entrevista con Excélsior, dijo que son diversas las formas de cómo están extorsionando los grupos de la delincuencia.
“Te vas a zonas de pollo, que los que distribuyen pollo o tienen tiendas del producto tienen que pagar, o las tiendas de misceláneas en pequeños lugares que también les piden, les exigen y así te vas encontrando que esto se ha venido incrementando porque esto es una forma de generar un recursos a terceros, un impuesto que no genera ningún valor; es lamentable lo que están viviendo muchos sectores de la economía y gente que le cuesta trabajar y dar el dinero así nada más por pagar un derecho de piso es lamentable y que las autoridades no estén haciendo nada al respecto”.
No obstante que las cantidades de dinero que obtienen los grupos delincuenciales por las extorsiones son una cifra negra, en el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, toman en cuenta los datos del Inegi, en el sentido de que la extorsión puede generar un 10 y hasta 20% de aumento en diversos productos. “Nosotros, en un cálculo que hacemos con los 2 pesos de aumento al limón por semana que se produce en Michoacán, puede andar en los 20, 30 millones de pesos a la semana y si lo suben al doble, como quieren, se multiplica por dos, el limón anda entre 34, 37 pesos y empieza a escasear por la especulación que produce la misma delincuencia”, mencionó Anaya.
Respecto a si conocía denuncia de la gente con la que trata en el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, su director comentó que ellos “no somos confidentes de nadie, lo que nosotros hacemos es ver cómo están los precios del mercado y por la relación de precios podemos estimar qué sucede; porque estos de las denuncias es una cuestión muy, muy delicada; hay gente como lo que sucedió en Laredo, el líder o la señora de pesca, que perdieron la vida por atreverse a hablar. Es un tema muy delicado y la autoridad no lo toma con seriedad y sin seriedad quién se va atrever a denunciar.”
